En el contexto del debate legislativo sobre la regulación del juego online en Chile, Sandra Kemp, directora ejecutiva de iGaming Responsable Chile (AGR), presentó un modelo de marco equilibrado basado en fiscalización efectiva y protección al jugador. Sus declaraciones, recogidas en una entrevista con Focus Gaming News, subrayan que la ausencia de normativa no elimina la actividad, sino que la deja sin estándares comunes de seguridad y transparencia.
Para los usuarios adultos chilenos que participan en casinos online o apuestas deportivas, estas propuestas cobran relevancia directa: un sistema regulado podría implicar verificación obligatoria de edad, herramientas de autoexclusión efectivas y mayor trazabilidad de los operadores, aspectos que actualmente no están garantizados de manera uniforme.
Los cuatro pilares de un marco regulatorio equilibrado
Kemp detalla que un sistema efectivo se construye sobre cuatro elementos interconectados. En primer lugar, un regulador especializado con facultades reales de fiscalización y sanción, además de capacidad técnica y presupuesto desde su implementación. Sin estas condiciones, advierte, las facultades solo sirven para autorizar, no para controlar.
El segundo pilar es un registro público de operadores autorizados, que funciona como el eje ordenador del sistema: sin él, intermediarios como procesadores de pago o plataformas digitales no tienen forma de verificar a quién pueden prestar servicios, convirtiendo la licencia en un mero trámite.
En tercer lugar, las protecciones de entrada y salida: verificación obligatoria de identidad y edad contra fuentes oficiales (como el Registro Civil) y un registro nacional único de autoexclusión, operado por el Estado e integrado con los casinos físicos. Finalmente, la medición: publicación periódica de datos sobre canalización de jugadores, prevalencia de juego problemático y uso efectivo de las herramientas de protección, con una cláusula de ajuste regulatorio basada en esos indicadores.
Kemp enfatiza que estos cuatro pilares son interdependientes: si falta uno, los otros pierden eficacia. Además, advierte que la fiscalización debe activarse desde el primer día para los operadores que decidan no licenciarse, evitando que la ley solo castigue a quienes cumplen voluntariamente.
Preocupación por una posible amnistía a operadores sin licencia
Frente a advertencias de actores como la World Lottery Association sobre el riesgo de que la regulación se convierta en una amnistía para operadores sin licencia, Kemp coincide en que una norma que borre el pasado sin condiciones sería una "mala ley". Sin embargo, distingue entre amnistía (exención sin condiciones) y regularización (imposición de condiciones como pago de impuestos, auditoría y cumplimiento de estándares).
La posición de AGR es que los estándares de entrada deben ser estrictos y verificables: idoneidad de accionistas y directores, certificación técnica independiente, garantías financieras para los saldos de usuarios, integración con el registro de autoexclusión antes de obtener la licencia, y regularización tributaria comprobada. Quien cumpla estos requisitos podría postular; quien no, no debería operar en el mercado, aplicable también a los miembros actuales de AGR.
Kemp discrepa de usar la fecha de llegada como criterio de exclusión retroactiva, argumentando que esto perjudica a operadores serios que se han registrado para pagar impuestos, mientras no afecta a quienes nunca se presentaron. El resultado, señala, sería un mercado con menos operadores fiscalizables y la misma demanda no canalizada.
Postura sobre la publicidad y su fiscalización
En materia de publicidad, AGR apoya restricciones estrictas, reconociendo que la saturación, los bonos engañosos y el patrocinio deportivo sin límites han generado rechazo social. Kemp advierte que "restringir sin fiscalizar no reduce la publicidad: solo reduce la publicidad que puede verse", por lo que propone cuatro criterios para un marco regulado:
- Solo operadores con licencia pueden publicitar, exhibiendo claramente su número de autorización.
- Protección reforzada para menores, con restricciones de horario, contenido y figuras en los anuncios.
- Reglas estrictas sobre bonos y promociones, donde se concentran la mayoría de los abusos.
- Inclusión obligatoria de información sobre juego responsable y la vía de autoexclusión en todas las comunicaciones comerciales.
En el ámbito deportivo, Kemp pide que la norma se aplique de manera uniforme a todos los operadores de juego, incluidos los del canal presencial y los estatales, para evitar una exposición asimétrica que no proteja realmente a los usuarios.
Herramientas de juego responsable: avances y limitaciones actuales
Los miembros de AGR ya implementan, por compromiso de membresía, herramientas como autoexclusión, límites de depósito, controles de sesión, pausas y derivación a servicios de apoyo, además de verificación KYC y certificación independiente de juegos. Sin embargo, Kemp reconoce limitaciones estructurales: la autoexclusión por un solo operador no impide acceder a otras plataformas o casinos físicos; los límites de depósito solo aplican por operador, no al gasto total; y la verificación contra fuentes oficiales requiere una base legal que actualmente no existe.
Por ello, las propuestas para el marco regulado se centran en tres habilitadores estatales: un registro único nacional de autoexclusión vinculante e integrado online-presencial; verificación de identidad y edad contra fuentes oficiales con base legal explícita; y obligatoriedad del estándar para todos los operadores, no solo para los voluntarios. Además, se añaden la detección de patrones de riesgo con intervención documentada y la publicación de indicadores sobre el uso efectivo de las herramientas, ya que "si nadie mide cuántas personas usan un límite de depósito, tener límites de depósito es una declaración, no una política".
Aprendizajes de otras jurisdicciones para el caso chileno
Kemp señala que la primera lección es que la regulación funciona: mercados como Colombia, Perú y Brasil cuentan hoy con registros de operadores, verificación de identidad, herramientas obligatorias de juego responsable, prevención de lavado de activos y datos públicos sobre el fenómeno. En Chile, ninguno de estos elementos existe actualmente.
La segunda lección es que la calibración del sistema (carga tributaria moderada, oferta amplia y fiscalización estricta) determina el resultado más que la severidad nominal de las normas. Estos países han logrado canalizar la demanda hacia operadores regulados y proteger a los usuarios sin eliminar la actividad, un modelo que AGR considera adaptable a la realidad chilena.
De aprobarse un marco regulatorio que incorpore estas propuestas, los usuarios chilenos podrían acceder a un entorno de juego online con mayores garantías de seguridad, transparencia y protección contra el juego problemático. Sin embargo, el éxito dependerá de que el regulador designado cuente con recursos y facultades efectivas desde el inicio, y de que la fiscalización se aplique sin distinciones a operadores licenciados y no licenciados por igual.
Fuentes
Juego responsable
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