Según información de medios locales, el Gobierno de José Antonio Kast ingresó un documento de 114 páginas con nuevas indicaciones al proyecto de ley que regula las plataformas de apuestas online, actualmente en segundo trámite constitucional en la Comisión de Economía del Senado. La propuesta incluye la prohibición total de publicidad de estas plataformas, sin distinción de si cuentan con licencia para operar en el país, además de la eliminación de bonos y promociones destinados a captar o retener jugadores.

La medida forma parte de un paquete de modificaciones que también establece límites de depósitos y tiempos de conexión para usuarios, mecanismos de autenticación reforzada para verificar la identidad de los jugadores, y un régimen tributario que aplica el IVA del 19% más un impuesto adicional del 3% calculado sobre la diferencia entre el dinero apostado y los premios pagados. Las licencias para operar en el país tendrían una duración de cinco años y un costo anual de 1.000 UTM, y se creará un Fondo de Prevención y Tratamiento de la Ludopatía para abordar los problemas asociados a las apuestas.

La propuesta ha generado reacciones encontradas: por un lado, se valora que incorpore medidas de protección a los usuarios, pero por otro, las plataformas reguladas advierten que la prohibición total de publicidad podría tener efectos contraproducentes para la seguridad de los jugadores.

Principales cambios propuestos en la normativa

El paquete de indicaciones presentado por el Ejecutivo modifica el texto del proyecto de ley que comenzó a discutirse en 2022, con cambios en cuatro ejes principales: publicidad, protección a usuarios, tributación y régimen de operación.

  • Prohibición total de publicidad de plataformas de apuestas online, sin importar si cuentan con licencia vigente. La medida también alcanza a personas o empresas que contraten, produzcan o difundan estos anuncios.
  • Eliminación de todos los bonos y promociones destinados a captar nuevos jugadores o retener a los usuarios existentes.
  • Establecimiento de límites de depósitos y tiempos de conexión para los usuarios, además de la implementación de mecanismos de autenticación reforzada para verificar la identidad de las personas que se registren en las plataformas.
  • Régimen tributario específico: las plataformas quedarán sujetas al IVA del 19% y a un impuesto adicional del 3%, calculados sobre la diferencia entre el dinero apostado y los premios pagados a los usuarios.
  • Las licencias para operar en el país tendrán una duración de cinco años, con un costo anual de 1.000 UTM, y se incluye un régimen transitorio para operadores que cumplan con determinadas exigencias mientras se implementa la nueva normativa.
  • Creación de un Fondo de Prevención y Tratamiento de la Ludopatía, financiado con recursos del sector, para abordar los problemas de adicción al juego.

Reacción de las plataformas reguladas

La Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL), que agrupa a operadores como Coolbet y Betsson, emitió una declaración pública en la que valoró la incorporación de medidas de protección a los usuarios, como el Reglamento de Juego Responsable y la creación del fondo contra la ludopatía, que consideran herramientas para fortalecer la prevención y la fiscalización de la actividad.

Sin embargo, la entidad manifestó reparos frente a las restricciones comerciales propuestas, en especial la prohibición total de publicidad y promociones. Según advirtió aPAL, esta medida podría terminar beneficiando a las plataformas ilegales que operan sin ningún tipo de control, ya que las opciones reguladas no podrán darse a conocer ni ofrecer condiciones competitivas frente a la oferta que no cumple con la ley. Carlos Baeza, abogado y representante de la agrupación, señaló que el desafío es que las medidas sean efectivas y que los jugadores elijan plataformas reguladas, donde el Estado pueda fiscalizar y garantizar su protección.

Posible impacto para usuarios chilenos

De aprobarse la normativa en su forma actual, los usuarios chilenos que deseen participar en apuestas online verán cambios directos en su experiencia: no podrán acceder a publicidad de plataformas en medios tradicionales o digitales, ni recibir bonos de bienvenida, promociones de recarga o beneficios por fidelidad. También deberán superar procesos de autenticación reforzada para verificar su identidad al registrarse, y estarán sujetos a límites de depósito y tiempo de conexión que las plataformas deberán implementar de forma obligatoria.

Una inferencia directa a partir de la advertencia de aPAL es que la prohibición de publicidad podría generar que los usuarios busquen información sobre plataformas de apuestas en espacios no regulados, como redes sociales, foros o recomendaciones de terceros, aumentando el riesgo de acceder a operadores sin garantías de seguridad, protección de datos ni mecanismos de resolución de conflictos. Por otro lado, la creación del Fondo de Prevención y Tratamiento de la Ludopatía podría derivar en mayores recursos para programas de apoyo a personas con problemas de juego, aunque su efectividad dependerá de la asignación presupuestaria que se apruebe en el marco de la ley.

Otro efecto posible, aunque no confirmado en el material presentado, es que el aumento de la carga tributaria y el costo de las licencias para los operadores regulados pueda trasladarse a los usuarios en forma de comisiones más altas o menores márgenes de pago en las apuestas, lo que reduciría la competitividad de las plataformas legales frente a la oferta ilegal que no cumple con estas cargas.

Fuentes

Juego responsable

Este contenido es informativo y no garantiza resultados. Las apuestas implican riesgo de pérdida. Participa solo si eres mayor de 18 años, define límites de tiempo y dinero, y busca ayuda profesional si el juego deja de ser una actividad recreativa.