El debate sobre el marco regulatorio de las apuestas online en Chile entró en una fase crítica en noviembre de 2026, con tres iniciativas contrapuestas en trámite en el Congreso que definen el futuro de un mercado que mueve millones de dólares anuales y opera en su mayoría de forma ilegal. La discusión, que se arrastra desde el ingreso del primer proyecto de ley en marzo de 2022, divide a los legisladores entre quienes promueven un sistema de licencias para formalizar la actividad, quienes impulsan la prohibición total de las plataformas y quienes buscan habilitar la operación online solo a los casinos físicos autorizados. Para los usuarios adultos chilenos, el resultado de esta tramitación definirá aspectos clave como el acceso a plataformas seguras, las medidas de protección contra la ludopatía, la recaudación tributaria del sector y la supervivencia de los casinos físicos, que han visto caer sus ingresos por la competencia del mercado ilegal.

La situación actual se enmarca en un contexto de crecimiento del juego online no autorizado, que según estimaciones de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos (ACCJ) alcanza los 3.100 millones de dólares anuales. Las medidas de bloqueo de sitios implementadas por las autoridades no han logrado reducir su audiencia, que aumentó un 28% interanual entre agosto de 2025 y agosto de 2026, pasando de 19,5 a 24,9 millones de visitas. Por su parte, los casinos físicos autorizados bajo la Ley N°19.995 reportaron una caída del 4,5% en sus ingresos brutos de juego en 2025, además de una reducción del 7,2% en la cantidad de visitas a sus instalaciones.

Tres modelos en disputa en el Congreso

La tramitación del proyecto de ley original (boletín 14.838-03), que ingresó en marzo de 2022 y obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en diciembre de 2023, se encuentra actualmente en su segundo trámite constitucional en el Senado, con tres líneas de trabajo claramente diferenciadas.

El Gobierno del presidente José Antonio Kast, que asumió en marzo de 2026 y otorgó suma urgencia al proyecto en mayo de ese año, presentó a fines de octubre de 2026 nuevas indicaciones que mantienen el sistema de licencias como eje central. La propuesta ejecutiva establece una licencia transitoria de seis meses para que las plataformas que operan sin autorización se regularicen, pagando 3.000 UTM y saldando el IVA adeudado de los últimos 36 meses, para luego obtener una licencia definitiva de cinco años. El proyecto también incluye la prohibición total de publicidad de apuestas online, sin distinción de si la plataforma cuenta con licencia, la eliminación de bonos y promociones para captar usuarios, una tasa efectiva del 22% compuesta por IVA e impuesto específico, y la creación de una Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar con mayores facultades de fiscalización. El Ejecutivo estima una recaudación de más de 100 millones de dólares en el primer año de implementación.

En contraposición, el 9 de noviembre de 2026 la Comisión de Economía del Senado aprobó por tres votos a favor, uno en contra y una abstención dos indicaciones parlamentarias que buscan prohibir completamente la explotación, administración, oferta y publicidad de casas de apuestas online en el país. Una de las iniciativas, presentada por la presidenta del Senado Paulina Núñez, incluye penas de hasta 15 años de cárcel, bloqueo judicial permanente de plataformas ilegales y sanciones agravadas para casos en los que participen organizaciones criminales. La otra, impulsada por los senadores Gastón Saavedra y Diego Ibáñez, establece penas de prisión y multas de entre 100 y 1.000 UTM para quienes obtengan beneficios económicos de estas operaciones, además del bloqueo de sitios, aplicaciones y medios de pago. Estas indicaciones se unificarán en una próxima sesión de la comisión, pero su aprobación no implica que la prohibición sea sancionada por la Sala del Senado.

En paralelo, en la Cámara de Diputados se tramita un tercer proyecto (boletín 18.781-06) presentado por los diputados Sergio Bobadilla, Eduardo Cretton y Cristóbal Martínez, que busca habilitar la operación online solo a los 25 casinos físicos autorizados, la Polla Chilena, la Lotería de Concepción y los hipódromos del país. La iniciativa establece que la autorización digital es accesoria al permiso del establecimiento físico, que cada operador podrá usar una única plataforma con dominio terminado en .cl, y que las entidades solo podrán ofrecer por internet los juegos que ya tienen autorizados de forma presencial. Para la oferta no autorizada, el proyecto prevé penas de entre 541 días y cinco años de presidio, multas de 100 a 1.000 UTM y el bloqueo judicial de sitios, aplicaciones y transacciones. Actualmente, el proyecto se encuentra en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, y posteriormente pasará a la Comisión de Economía.

Medidas de bloqueo contra el mercado ilegal y su efectividad

El debate regulatorio se produce en un contexto de expansión del mercado ilegal de apuestas online, que ha demostrado ser resistente a las medidas de bloqueo implementadas por las autoridades. En septiembre de 2026, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ordenó a los principales proveedores de internet del país bloquear 42 direcciones de plataformas identificadas por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), y días después emitió una nueva resolución para bloquear otros 37 dominios. Sin embargo, las plataformas afectadas comunicaron el cambio a nuevas URL alternativas o sitios espejo horas después de la primera orden, por lo que la medida no logró reducir su audiencia.

Según datos de la plataforma Apuesta Legal, la audiencia de sitios de apuestas no autorizados pasó de 19,5 millones de visitas en agosto de 2025 a 24,9 millones en agosto de 2026, un aumento del 28% interanual. La Asociación de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL) sostuvo que la orden de bloqueo de 42 sitios excede lo dispuesto por la Corte de Apelaciones, y señaló que al menos 25 plataformas ya pagan IVA digital ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) gracias a una resolución publicada en junio de 2026. Por su parte, la ACCJ ha insistido en que la existencia de un proyecto de regulación a futuro no cambia la situación jurídica actual de las plataformas que operan sin autorización, y ha llamado a avanzar en la aplicación efectiva de los fallos judiciales y la persecución de operadores ilegales.

Impacto potencial para usuarios chilenos

El resultado de la tramitación parlamentaria tendrá consecuencias directas para los usuarios adultos que acceden a plataformas de apuestas online en el país. Si se aprueba la propuesta del Gobierno de regulación con licencias, los usuarios podrán acceder a plataformas autorizadas que cumplan con medidas de protección obligatorias, como verificación de identidad, límites de juego preventivos, registro de personas excluidas por problemas de ludopatía y políticas de juego responsable. Además, se formalizaría el pago de impuestos por parte de los operadores, lo que podría derivar en mayores recursos para el Fondo de Prevención y Tratamiento de la Ludopatía. Sin embargo, la prohibición total de publicidad limitaría el acceso de los usuarios a información sobre las plataformas autorizadas, y el régimen transitorio de regularización permitiría operar a plataformas que funcionaron sin autorización durante años, lo que ha sido cuestionado por la ACCJ.

Si se aprueba la iniciativa de prohibición total, los usuarios no podrán acceder a ninguna plataforma de apuestas online de forma legal, lo que no eliminaría el acceso al mercado ilegal, que actualmente concentra la totalidad de la oferta online. En ese escenario, los usuarios quedarían expuestos a riesgos mayores, como falta de protección de sus datos, imposibilidad de reclamar por pagos no realizados o prácticas abusivas, y mayor dificultad para acceder a medidas de juego responsable.

Si se aprueba el proyecto de habilitación solo para casinos físicos, la oferta online se reduciría a las plataformas vinculadas a establecimientos presenciales autorizados, lo que limitaría la variedad de opciones para los usuarios, pero garantizaría que operen entidades reguladas por la SCJ, con obligaciones de protección a los usuarios y pago de tributos.

Independientemente del resultado, los usuarios que accedan a plataformas de apuestas online en Chile deben tener en cuenta que, en la actualidad, ninguna plataforma que no esté vinculada a un casino físico autorizado cuenta con permiso legal para operar en el país, por lo que su uso implica riesgos asociados al mercado ilegal. Se recomienda verificar la vigencia de los permisos de operación en el sitio de la Superintendencia de Casinos de Juego antes de realizar cualquier apuesta.

Fuentes

Juego responsable

Este contenido es informativo y no garantiza resultados. Las apuestas implican riesgo de pérdida. Participa solo si eres mayor de 18 años, define límites de tiempo y dinero, y busca ayuda profesional si el juego deja de ser una actividad recreativa.